INMIGRACIÓN JAPONESA

Los japoneses llegaron al Perú en condiciones distintas. Incluso la legislación que promovía su inmigración fue radicalmente opuesta a la que rigió para los chinos y se inició luego de que el Perú estableciera relaciones diplomáticas con el Japón. Desde 1897 había un representante japonés en el Perú y al año siguiente se propuso promover la inmigración de los nipones para el trabajo en las haciendas de la costa.

El empresario peruano que interesó a la Compañía Japonesa de inmigración Marioka (cuyo gerente era Teikichi Tanaka) fue Augusto B. Leguía. El primer grupo oficial de 790 colonos llegó al Callao en 1899 durante el gobierno de Piérola y, a lo largo del Segundo Civilismo, siguieron llegando; en 1909 había más de 6 mil y en 1923 llegaron 18 mil; la mayoría permaneció en el país, registrándose un bajo número de retornos (Morimoto 1979).A los japoneses primero se les contrataba para trabajar durante cuatro años en alguna hacienda, fijándose el salario en libras esterlinas (dos y media mensuales), aunque podía ser abonado en moneda nacional; además, en el contrato se fijaba una jornada máxima de trabajo de 10 horas, alojamiento y asistencia médica. Los inmigrantes debían tener una edad fluctuante entre los 20 y los 25 años. Luego vendrían otros que se establecieron en la región amazónica, especialmente en la zona cauchera de Madre de Dios (Tambopata).

A partir de la caída de Leguía la inmigración se amplió y las actividades de los japoneses se diversificaron, consolidando una importante colonia. Al término de su contrato, muchos abrieron pequeñas industrias o comercios, llegando algunos a ser importadores como Shotai Kilsutami, quien procedía de San Francisco y que en 1905 abrió una fábrica de muebles en Arequipa. Cuando la primera guerra mundial, Kilsutami era propietario de un barco y entró al negocio de alfombras; pero con la crisis luego de la guerra quebró, y la depresión lo llevó a la muerte (1925). Sin embargo, al inicio de la década de 1930 el diario La Prensa inició una campaña destinada a llamar la atención del gobierno sobre el “peligro” que entrañaba la presencia crecida de los súbditos del Imperio del Sol Naciente.

Es así que en 1936, el gobierno de Benavides limitó el ingreso de japoneses al país. Alberto Ulloa, ministro de Relaciones Exteriores, refrendó el decreto que decía: “El aumento de la inmigración japonesa y las actividades desarrolladas por estos inmigrantes habían venido creando en el Perú en los últimos años un malestar social, porque las condiciones y métodos de trabajo de esos inmigrantes producían una competencia perjudicial para los obreros e industriales peruanos.Tales actividades tenían, además, proyecciones marcadas con los fuertes caracteres del nacionalismo japonés, en los órdenes económico, espiritual y en las costumbres. Aquel malestar se reflejaba principalmente en las clases populares, por la tendencia de los inmigrantes japoneses al monopolio de algunas pequeñas industrias y ocupaciones de obreros y artesanos” (citado por Pinilla 1971: 224).

Como vemos, se trata en realidad de una “queja” de los peruanos ante la disciplina y laboriosidad inherentes al espíritu nipón. El texto limitativo a la inmigración (fijaba un tope de 16 mil extranjeros por cada nacionalidad) fue considerado inamistoso y lesivo a los intereses de la colonia nipona en el Perú, y así lo hizo saber la representación japonesa en Lima. La Cancillería rechazó la protesta.El decreto de 1936 fue un escollo para el progreso de la inmigración y actividades japonesas. El problema se agudizó cuando estalló la segunda guerra mundial y Japón pasó a formar parte del Eje Roma-Berlín-Tokio. El gobierno de Manuel Prado, en una actitud tan inexplicable como tonta, le declaró la guerra al Eje, solidarizándose con los Estados Unidos. También circuló por Lima la absurda versión de que los japoneses pretendían apoderarse del Perú y que todos los negocios regentados por los individuos de esa nacionalidad se habían convertido en unos arsenales de guerra.

En mayo de 1939 hubo un saqueo popular de estos establecimientos que originó la protesta de la legación japonesa ante la Cancillería de Lima. Pero todo no quedó allí. Cuando Japón atacó la base norteamericana de Pearl Harbor en diciembre de 1941, Prado dispuso la inmovilidad de los fondos de sociedades o individuos japoneses. La represión del gobierno peruano a pacíficos e indefensos japoneses fue lamentable y muchos considerados “peligrosos” fueron enviados a los Estados Unidos; pronto hubo ruptura de relaciones diplomáticas. Afortunadamente, luego de la guerra mundial, razones de humanidad obligaron al Estado peruano a autorizar la vuelta de muchos desterrados entre 1942 y 1943, quienes habían dejado familia y algunos negocios (Pinilla 1971).

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PRIMERA PARTE:
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SEGUNDA PARTE:
http://www.youtube.com/watch?v=DTF9Es8cWLk


TERCERA PARTE:
http://www.youtube.com/watch?v=ACOlEsb_adM